«El Pago de Impuestos No Reemplaza una Autorización para Operar» — Entrevista a Cecilia Valdés
Los casinos autorizados de Chile cerraron los primeros cuatro meses del año con ingresos 20% inferiores y casi un 30% menos de visitas que en el mismo periodo de 2019. El gremio que los representa tiene claro a quién señalar.
Mientras esas salas pierden público, el Servicio de Impuestos Internos comenzó a cobrar IVA a las plataformas de apuestas online, con 25 inscritas de forma voluntaria, y la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó bloquearlas de forma permanente por DNS. El mismo Estado las cobra y las bloquea.
Apuesta Legal Chile conversó con Cecilia Valdés, presidenta de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ), el gremio de los casinos que sí cuentan con permiso estatal y fiscalización permanente.
Su posición no es la que suele esperarse de un gremio de casinos físicos: la ACCJ apoya que se regule el juego online. Lo que discute es el camino, y sostiene que cobrar impuestos a una actividad no equivale a autorizarla.
Cecilia Valdés
Presidenta de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ), el gremio que representa a los casinos con autorización estatal en Chile. Desde la asociación ha planteado que la regulación del juego online debe resolverse por ley y con condiciones equivalentes para todos los operadores.
Entrevista realizada en agosto de 2026, con el proyecto de ley de juego online en tramitación en el Senado y tras la resolución judicial que ordenó el bloqueo permanente de las plataformas no autorizadas.
Usted ha señalado que la industria de casinos atraviesa un escenario desafiante, marcado por una caída en los ingresos y las visitas. Desde su perspectiva, ¿en qué medida este desempeño se relaciona con el crecimiento de las plataformas online y qué otros cambios en los hábitos de entretenimiento podrían estar influyendo?
Durante los primeros cuatro meses del año, los casinos autorizados registraron ingresos 20% inferiores y casi 30% menos visitas que en igual período de 2019. Son cifras que reflejan una industria cada vez más desafiada, entre otras cosas por la expansión de las plataformas de apuestas online y del juego físico ilegal, que captan usuarios sin estar sujetos a las mismas exigencias regulatorias, tributarias y de fiscalización que los casinos autorizados.
Esta situación genera una asimetría evidente. Los casinos autorizados están sometidos a fiscalización permanente, impuestos específicos y distintas obligaciones regulatorias, mientras el juego ilegal continúa operando sin autorización y sin exigencias equivalentes.
El impacto además va más allá de los casinos. Menos visitas reducen la recaudación asociada al impuesto de entrada y menores ingresos brutos disminuyen el impuesto específico destinado a municipios y gobiernos regionales, afectando también a una cadena de valor vinculada al empleo, el turismo, los proveedores locales y la actividad económica regional.
Nota de la redacción: la magnitud del mercado que describe se puede medir. Tras los primeros bloqueos judiciales, 8 de cada 10 accesos a sitios de apuestas en Chile seguían dirigiéndose a plataformas sin autorización.
La ACCJ ha señalado que la Resolución N.º 69 podría operar como una «regularización encubierta». Desde su perspectiva, ¿cómo debió abordar el Estado la tributación de estas plataformas mientras no existiera una regulación específica?
Desde la ACCJ hemos planteado que esta materia no puede resolverse únicamente desde una perspectiva tributaria. La tributación debe formar parte de una regulación integral que establezca quiénes pueden operar, bajo qué condiciones, con qué mecanismos de autorización y fiscalización y qué sanciones enfrentarán en caso de incumplimiento.
El problema de la Resolución N.º 69 es que habilita administrativamente un mecanismo para que plataformas que no cuentan con autorización para operar en Chile se inscriban y paguen IVA, sin resolver las autorizaciones ni los controles sectoriales que requiere esta actividad.
El pago de impuestos no reemplaza una autorización para operar ni resuelve materias como la protección de usuarios y menores, la trazabilidad de los recursos, la prevención del lavado de activos, el juego responsable o las condiciones de competencia.
Por eso hemos insistido en que este tema debe resolverse mediante una ley y no a través de medidas tributarias aisladas que pueden generar una apariencia de regularidad respecto de plataformas que continúan operando sin autorización.
Una aclaración de la redacción: la Resolución N.º 69 es la que abrió el registro simplificado de IVA digital a las plataformas extranjeras de apuestas. Es un trámite tributario, no un permiso: inscribirse en él significa declarar y pagar el 19% sobre los ingresos brutos, y nada más.
El ministro Quiroz ha señalado que el deber del SII es recaudar los impuestos asociados a los hechos gravados, mientras que el director Trujillo ha indicado que la legislación tributaria no distingue entre actividades lícitas e ilícitas. ¿Cómo evalúa la ACCJ estos argumentos y qué aspectos considera que no están siendo contemplados?
El problema de fondo es que esta discusión no puede reducirse a la recaudación tributaria. Estamos hablando de una actividad que requiere autorización, fiscalización y controles específicos, y esos elementos no se resuelven mediante el pago de IVA.
Mientras los casinos autorizados operan con permisos y están sometidos a fiscalización permanente, impuestos específicos, controles de acceso, obligaciones de juego responsable y exigencias en materia de prevención del lavado de activos, las plataformas online continúan operando sin estar sujetas a ese mismo régimen.
Además, existen materias fundamentales que una solución exclusivamente tributaria no aborda: protección de menores y usuarios, trazabilidad de los recursos, identificación de propietarios y beneficiarios finales, supervisión financiera y prevención de operaciones vinculadas al lavado de activos.
La tributación es una parte de la regulación, pero no puede transformarse en un sustituto de ella.
Usted ha manifestado preocupación por la identificación de las plataformas que obtienen un RUT y por la trazabilidad del origen de sus fondos. ¿Qué riesgos considera que podría generar esta situación en materia de lavado de activos? ¿La ACCJ ha comunicado estas inquietudes a organismos como la UAF o el Ministerio Público?
Una de nuestras principales preocupaciones es que la inscripción para pagar IVA no incorpora a estas plataformas al sistema de prevención de lavado de activos. La ACCJ consultó formalmente a la Unidad de Análisis Financiero sobre esta materia y la UAF respondió que actualmente estas plataformas no son sujetos obligados y que esa condición debe ser establecida por ley.
En consecuencia, el pago de IVA no las obliga, por sí solo, a reportar operaciones sospechosas ni las somete a las obligaciones de identificación, trazabilidad y control propias de ese sistema. Este es uno de los vacíos relevantes que una regulación integral debe resolver.
Las plataformas de juego online pueden ser utilizadas para introducir fondos ilícitos bajo la apariencia de depósitos o apuestas, circularlos y posteriormente retirarlos como ganancias o saldos.
Ese riesgo ha sido advertido por el Grupo de Acción Financiera Internacional. Por eso hemos planteado que una futura regulación debe garantizar la identificación de los propietarios y beneficiarios finales, la trazabilidad de los recursos y una supervisión financiera efectiva, además de fortalecer la coordinación de la Superintendencia de Casinos de Juego con organismos como la UAF y el Ministerio Público.
Una aclaración de la redacción: ser «sujeto obligado» es la figura que obliga a una empresa a identificar a sus clientes y a reportar operaciones sospechosas a la UAF. Los casinos físicos lo son desde hace años. El Grupo de Acción Financiera Internacional, o GAFI, es el organismo que fija los estándares mundiales contra el lavado de activos.
El SII avanzó a una segunda etapa mediante un mecanismo de retención a través de bancos y emisores de tarjetas para diez plataformas que no se inscribieron, entre ellas Bet365 y PokerStars. ¿Cambia eso en algo la evaluación del gremio, o el problema de fondo sigue siendo el mismo?
El problema de fondo sigue siendo el mismo. Un mecanismo destinado a recaudar IVA, ya sea mediante inscripción directa o retención, no reemplaza la autorización sectorial ni la fiscalización integral que requiere esta actividad.
La discusión no es si estas plataformas pagan o no un determinado impuesto, sino bajo qué marco pueden operar en Chile y qué obligaciones deben cumplir.
Hablamos de materias como identificación de sus propietarios, trazabilidad de los recursos, protección de usuarios y menores, juego responsable y prevención del lavado de activos. Por eso insistimos en que el camino debe ser una regulación integral aprobada por ley. Abordar esta actividad únicamente mediante mecanismos tributarios mantiene sin resolver los principales problemas regulatorios.
Nota de la redacción: el mecanismo que menciona se llama «cambio de sujeto» y traslada la obligación de retener el impuesto a los bancos y emisores de tarjetas. Alcanza a diez plataformas que no se inscribieron, entre ellas Bet365, PokerStars y 1win.
La ACCJ ha expresado su apoyo a la regulación del juego online, junto con la necesidad de establecer condiciones equivalentes para los distintos actores de la industria. ¿Cuáles serían los tres cambios normativos prioritarios para avanzar hacia ese objetivo?
Son tres, y van en este orden:
Corregir las asimetrías regulatorias y tributarias entre ambas modalidades. La ACCJ ha propuesto eliminar para los casinos físicos el impuesto de entrada de 0,07 UTM y el recargo adicional del 1% por juego responsable. Vemos que hay buenas propuestas de establecer un límite a la carga tributaria total y eso debería ayudar a corregir esa distorsión.
Establecer reglas claras y equivalentes para el acceso al mercado. Esto supone permitir que los casinos físicos autorizados puedan operar también online con su licencia original, considerando que son actores conocidos y fiscalizados, y mantener un período de exclusión temporal para aquellas plataformas que hayan operado previamente sin autorización antes de que puedan solicitar su permiso legal.
Fortalecer efectivamente la fiscalización y la persecución del juego ilegal. Esto implica fortalecer las capacidades de la Superintendencia de Casinos de Juego, mejorar su coordinación con otras instituciones del Estado y establecer herramientas que permitan actuar no solo respecto de los operadores autorizados, sino también frente a quienes continúen funcionando fuera del sistema regulado.
No se puede tener una industria competitiva con asimetrías de mercado establecidas por ley.
Una aclaración de la redacción: el impuesto de entrada que pide eliminar es el que paga cada visitante al acceder a un casino físico. La UTM es la unidad tributaria mensual, un valor que el Estado reajusta cada mes y que se usa para expresar impuestos y multas.
La ACCJ ha propuesto ampliar las atribuciones de la Superintendencia de Casinos de Juego para fortalecer la fiscalización de las distintas modalidades de juego no autorizado. ¿Qué facultades adicionales considera que necesita actualmente la SCJ?
La capacidad de fiscalización no puede limitarse únicamente a quienes ya están autorizados y cumplen la regulación. La fiscalización debe comprender también al mercado ilegal.
Hemos planteado fortalecer las capacidades de la Superintendencia y su coordinación con el Ministerio Público, la FNE, el SII, Subtel, la CMF y la UAF, porque la fiscalización de esta actividad involucra dimensiones regulatorias, financieras, tributarias, tecnológicas y eventualmente penales.
A esto debe sumarse, dentro del marco regulatorio general, la tipificación expresa del juego ilegal como delito base de lavado de activos, para entregar mayores herramientas de persecución frente a quienes continúen operando fuera del sistema regulado.
Una aclaración de la redacción: las siglas que menciona son la Fiscalía Nacional Económica, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, la Comisión para el Mercado Financiero y la Unidad de Análisis Financiero. Que un delito sea «base» de lavado de activos significa que el dinero que genera puede perseguirse como blanqueo.
Ante una eventual aprobación del proyecto de ley en sus términos actuales, ¿cómo evalúan los casinos asociados a la ACCJ la posibilidad de participar en el mercado online? ¿Qué oportunidades y desafíos representaría este nuevo escenario para sus asociados?
Es muy difícil comentar sobre los términos actuales del proyecto de ley, ya que cuenta hoy con más de 500 indicaciones. Estamos a la espera de que la mesa técnica que lidera Hacienda despeje esa incertidumbre para conocer cómo quedará el proyecto cuando retome su discusión en el Senado.
Hemos propuesto avanzar hacia un modelo de omnicanalidad que permita que los casinos físicos autorizados puedan operar también online. Se trata de operadores que ya son conocidos por la autoridad, cuentan con autorización y están sometidos a fiscalización permanente.
Permitir su participación contribuiría a reducir asimetrías regulatorias y a aumentar la canalización hacia el mercado legal. Al mismo tiempo, hemos planteado mantener una separación entre ambas modalidades, impidiendo que las plataformas exclusivamente digitales puedan instalar locales, terminales o mecanismos de atención presencial.
El desafío es que la apertura del mercado online se haga bajo reglas claras y equivalentes, sin alterar después las condiciones económicas bajo las cuales fueron otorgadas las licencias vigentes ni generar nuevas asimetrías. La eventual decisión comercial de participar y la forma en que cada empresa lo haga corresponde a cada operador.
Al proyectar los próximos tres años, ¿qué indicadores permitirían concluir que la regulación del juego online está funcionando adecuadamente? ¿Cuáles serían los principales riesgos que debería evitar su implementación?
Una regulación estará funcionando adecuadamente si logra canalizar efectivamente la actividad hacia operadores autorizados y fiscalizados, reducir el espacio del mercado ilegal y entregar a las autoridades herramientas reales para actuar frente a quienes continúen operando fuera del sistema.
También deberá demostrar que es capaz de proteger adecuadamente a los usuarios y menores de edad, garantizar la trazabilidad de los recursos, identificar a propietarios y beneficiarios finales y fortalecer la prevención del lavado de activos.
Otro elemento relevante será que la regulación pueda adaptarse a los cambios tecnológicos. Por eso hemos propuesto que el catálogo de juegos autorizados pueda actualizarse reglamentariamente conforme a estándares técnicos, evitando que nuevos productos queden fuera del mercado regulado.
Entre los principales riesgos están crear nuevas asimetrías entre actores, establecer una carga que dificulte la sostenibilidad y canalización del mercado legal, mantener espacios para la operación ilegal o aprobar una normativa que quede rápidamente rezagada frente a la evolución tecnológica.
Nota de la redacción: la canalización que menciona es la métrica con la que se mide si una ley de juego funciona: qué porcentaje de lo apostado en un país pasa por operadores con licencia. Carlos Fonseca, de Gaming Law LATAM, la señaló en estas mismas páginas como el mejor indicador para evaluar una regulación.
El 7 de agosto, la Corte de Apelaciones de Santiago encargó a la Superintendencia de Casinos de Juego validar los dominios que deberán bloquearse por DNS. ¿Este rol se acerca a la ampliación de atribuciones propuesta por la ACCJ? ¿Cuenta hoy la SCJ con los recursos técnicos y humanos para asumirlo de forma permanente?
El rol establecido por la Corte va en una dirección consistente con lo que hemos planteado: la fiscalización no puede limitarse a los operadores autorizados, sino que debe incorporar también herramientas para actuar frente al juego que opera fuera del sistema regulado.
El nuevo procedimiento establece además un mecanismo permanente y actualizable, que permite incorporar nuevos dominios, subdominios, redirecciones o sitios derivados una vez que sean identificados y validados.
Nota de la redacción: el DNS es el sistema que traduce la dirección que escribes en el navegador a la dirección numérica del servidor donde está la página. La Corte eligió ese mecanismo porque permite apuntar a un dominio concreto sin arrastrar de paso a servicios lícitos.
Mientras la justicia ordena bloquear estas plataformas, el SII les otorga RUT y recauda IVA. El mismo Estado, en la práctica, las bloquea y las recauda al mismo tiempo. ¿Refuerza este fallo la posición de la ACCJ de que la Resolución N.º 69 opera como una regularización encubierta?
El fallo vuelve aún más evidente la falta de coherencia institucional con que el Estado ha abordado esta materia.
Mientras los tribunales han ratificado la ilegalidad de estas plataformas y ordenan mecanismos para bloquearlas, el SII habilita administrativamente su inscripción y el pago de IVA.
Desde la ACCJ hemos planteado precisamente que el pago de impuestos no reemplaza una autorización para operar ni los controles sectoriales que requiere esta actividad. El riesgo es generar una apariencia de regularidad respecto de plataformas que siguen sin contar con autorización.
El Estado debe actuar bajo un criterio común. No resulta coherente ordenar el bloqueo de una actividad por operar fuera de la legalidad y, simultáneamente, adoptar medidas administrativas que puedan ser interpretadas como una normalización de esa misma actividad.
Pese a las órdenes de bloqueo dictadas desde 2023, 8 de cada 10 accesos siguieron dirigiéndose a plataformas no autorizadas. Frente a las más de 3.000 que la ACCJ estima que operan en Chile, ¿qué diferencia real podría generar este nuevo procedimiento? ¿Existe el riesgo de que un bloqueo aparentemente resuelto por la vía judicial le reste urgencia política al proyecto de ley que ustedes apoyan?
La principal diferencia es que ahora existe un procedimiento permanente y actualizable. Esto permite incorporar sucesivamente nuevos dominios, subdominios, redirecciones o sitios derivados que sean identificados y validados, sin necesidad de iniciar nuevamente todo el procedimiento judicial.
Es un avance importante para hacer efectivos los fallos, pero sabemos que el bloqueo por sí solo no resuelve el problema. Se trata de una herramienta para enfrentar plataformas que actualmente operan sin autorización, no de un sustituto de la regulación.
El bloqueo no puede restarle urgencia al proyecto de ley. Al contrario, refuerza la necesidad de contar con un marco integral que establezca quiénes pueden operar, bajo qué condiciones, con qué fiscalización y qué sanciones enfrentarán quienes permanezcan fuera del sistema.
Después de varios años de discusión, Chile necesita avanzar en ambas dimensiones: hacer cumplir las decisiones judiciales frente al juego no autorizado y, al mismo tiempo, aprobar una regulación moderna y fiscalizable que cierre los espacios de ilegalidad.
Qué Deja esta Conversación
Valdés no pide que se prohíba el juego online. Pide que se decida por ley quién puede operarlo, y sostiene que cobrar el IVA a una plataforma no responde esa pregunta.
Su argumento más concreto es el de la UAF: inscribirse para pagar impuestos no convierte a una plataforma en sujeto obligado a reportar operaciones sospechosas, y esa condición solo puede establecerla una ley. Es un vacío que ningún trámite tributario cierra.
La propuesta del gremio también tiene una parte que le conviene: la omnicanalidad permitiría a los casinos autorizados operar online con su licencia actual, mientras las plataformas que ya funcionan sin permiso quedarían fuera durante un período de exclusión. Es una posición de parte, y conviene leerla como tal.
Puedes contrastar esta visión con la de Fonseca, que sostiene que el IVA es técnicamente inadecuado para gravar una apuesta, y con la de Carlos Baeza, de la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea. También puedes comprobar qué casas están inscritas ante el SII y seguir el avance del proyecto de ley.
