El Doble de Impuestos que Perú y Brasil Dejaría a Chile con El Juego Ilegal
Chile busca sacar las apuestas online de la ilegalidad, pero podría hacer que el ingreso al mercado regulado sea más caro que en otros países de la región.
Cuánto Pagaría Una Casa de Apuestas en Chile, Perú y Brasil
El proyecto que se discute en el Senado contempla un impuesto específico de 20% sobre el GGR, es decir, los ingresos que conserva la plataforma después de pagar los premios.
En las apuestas deportivas, también podrían sumarse 2% destinados al deporte y hasta 1% para políticas de juego responsable, aunque parte de este último porcentaje puede rebajarse con gastos elegibles.
La carga sectorial nominal podría llegar, por lo tanto, a 23%. En Perú, la capa equivalente corresponde a 11,76% del GGR. En Brasil, alcanza 13% en 2026.
La comparación muestra que Chile pretende iniciar su mercado regulado con una carga sectorial significativamente superior a la de sus pares regionales.
El riesgo es crear una barrera de entrada para el mismo mercado que el país busca formalizar.
El Impuesto a Las Apuestas Puede Reducir La Canalización en Chile
Las plataformas autorizadas no compiten solamente entre ellas. También disputan a los apostadores con sitios ilegales que no pagan los mismos impuestos, derechos de licencia ni costos regulatorios.
Mientras mayor sea el costo del operador legal, menor será su margen para ofrecer cuotas competitivas, bonos, promociones y variedad de productos.
Una plataforma irregular puede aprovechar justamente esa diferencia para atraer jugadores.
Esto afecta la llamada canalización, es decir, la proporción de las apuestas que permanece en plataformas autorizadas, fiscalizadas y sujetas a normas de protección al consumidor.
Una canalización baja significa que una parte relevante de los apostadores continúa utilizando sitios sin licencia.
En ese escenario, el Estado recauda menos, tiene menor control sobre el lavado de activos y el acceso de menores, y dispone de menos herramientas para resolver problemas como el bloqueo de cuentas o el no pago de premios.
La tributación no determina por sí sola este resultado. La fiscalización, el bloqueo de pagos, la publicidad, la calidad del producto y la facilidad de registro también influyen en la decisión del jugador.
Un estudio publicado por Harm Reduction Journal, con datos de 29 mercados europeos, no encontró una regla simple según la cual impuestos más bajos siempre generen una mayor canalización.
El trabajo también advierte que los tributos aplicados sobre el GGR y aquellos calculados sobre el monto total apostado no pueden compararse directamente.
La experiencia internacional muestra, sin embargo, que el mercado autorizado necesita seguir siendo competitivo.
En Suecia, donde la autoridad reguladora estimó una canalización de 84% en 2025, las mejores cuotas y bonos están entre las razones señaladas por los jugadores que recurrieron a sitios sin licencia.
El problema chileno, por lo tanto, no es solo el porcentaje previsto. Es comenzar la regulación en la parte alta de la comparación regional, sin una base de operadores locales ya consolidada y sumando costos retroactivos al proceso de transición.
El Impacto Puede Llegar a Las Cuotas y Los Bonos
Si la carga tributaria reduce la cantidad o la competitividad de las plataformas autorizadas, el efecto llegará a los apostadores.
Los operadores pueden intentar compensar parte de sus costos con cuotas menos favorables, bonos más bajos, límites promocionales o una menor oferta de productos.
Los sitios ilegales podrán aprovechar esa diferencia para seguir atrayendo clientes.
La ventaja económica inmediata puede ocultar riesgos mayores, como la falta de garantías para el pago de premios, dificultades para presentar reclamos, menor protección frente a fraudes y ausencia de mecanismos locales de juego responsable.
El desafío de Chile no consiste solamente en aprobar una ley o aumentar la recaudación. También debe hacer que el entorno autorizado sea suficientemente atractivo para que los jugadores prefieran mantenerse en él.
De lo contrario, el país puede crear un mercado formal en el papel mientras una parte relevante de las apuestas sigue operando fuera de la fiscalización.
Chile Comenzó a Cobrar Antes de Legalizar
Y esta no sería la primera cuenta. Desde el 2 de junio de 2026, las plataformas extranjeras que reciben apuestas de usuarios chilenos ya están sujetas a un IVA de 19%, incluso por operaciones realizadas durante los 36 meses anteriores.
La Resolución 69 del Servicio de Impuestos Internos (SII) estableció que las plataformas extranjeras de apuestas, casinos online y juegos de azar deben inscribirse para declarar y pagar IVA digital.
El impuesto de 19% se aplica sobre los montos apostados. Cuando la empresa acredita de forma confiable los premios entregados a los jugadores, puede descontarlos de la base de cálculo. En ese caso, la cobranza se aproxima al GGR.
La diferencia es relevante. En productos donde una parte importante del dinero apostado vuelve a los jugadores como premio, cobrar sobre el volumen total transado puede representar una carga mucho mayor que los ingresos efectivos de la plataforma.
La inscripción también exige regularizar el IVA adeudado durante los 36 meses anteriores, conforme a las orientaciones del SII.
Pagar el impuesto, sin embargo, no entrega una licencia ni legaliza la operación. El propio organismo sostiene que la medida se refiere exclusivamente al cumplimiento tributario y no modifica la situación regulatoria de las plataformas.
Chile creó así una situación poco habitual: cobra a las casas de apuestas antes de ofrecer una autorización local, certeza jurídica o un sistema regulado de protección para los jugadores.
La Fiscalización Avanzó Más Rápido Que El Sistema de Licencias
La reacción de las empresas mostró que Chile ya cuenta con instrumentos para presionar a operadores extranjeros.
Hasta el 13 de julio de 2026, ninguna plataforma se había inscrito. El SII anunció entonces que los medios de pago pasarían a retener el 19% directamente de las transacciones destinadas a sitios no registrados.
Entre el 14 y el 15 de julio, 25 plataformas se incorporaron al régimen. Otras diez fueron incluidas en la lista de empresas sujetas a retención por parte de los intermediarios financieros, según el comunicado oficial del SII.
El episodio demuestra que Chile puede identificar transacciones, presionar a empresas y utilizar los medios de pago para asegurar el cobro de impuestos.
La estructura de fiscalización comenzó a operar antes que la estructura de licenciamiento.
Las plataformas pueden pagar, pero siguen sin una licencia chilena. Tampoco saben con exactitud cuánto costará la transición hacia el futuro mercado regulado.
La Regularización Puede Generar Una Segunda Cuenta Retroactiva
El proyecto contempla una vía para las empresas que ya atienden a apostadores chilenos. Para regularizarse, podrían enfrentar un impuesto único y sustitutivo de 31% sobre los ingresos brutos del juego de los 36 meses anteriores, además de 0,07 UTM por cada cuenta de usuario con movimientos.
Las condiciones figuran en un informe del Senado chileno, que también registra el debate sobre una interrupción de 12 meses para determinados operadores que hayan funcionado sin autorización.
El período del impuesto de regularización coincide con los 36 meses cubiertos por el IVA retroactivo. Aunque ambos cobros tienen fundamentos y bases diferentes, persiste una pregunta central: cómo se considerará el IVA ya pagado al momento de la regularización.
Sin una respuesta clara, una empresa que decida entrar al sistema podría acumular impuestos retroactivos, cobros por usuario, derechos de licencia y la tributación permanente prevista para las apuestas.
Mientras tanto, un sitio que permanezca fuera del mercado regulado podrá seguir atendiendo a jugadores sin asumir los mismos costos.
Chile corre el riesgo de cobrar más a quienes intenten abandonar la ilegalidad que a quienes decidan mantenerse fuera del sistema.
El Senado Deberá Equilibrar Recaudación y Mercado Legal
El proyecto fue aprobado en general por el Senado y continúa su discusión detallada en las comisiones de Economía y Hacienda. El plazo para presentar indicaciones vence el 29 de septiembre de 2026, según el registro de la tramitación legislativa.
Hasta entonces, los parlamentarios deberán responder tres preguntas centrales: cuál será la carga permanente de las plataformas autorizadas, cómo evitar que la transición resulte excesivamente costosa y qué meta de canalización se utilizará para medir el éxito de la regulación.
Chile ya tiene apostadores, plataformas en funcionamiento e instrumentos para fiscalizar pagos. En 2025, el SII identificó más de cuatro millones de transacciones vinculadas a 20 plataformas.
Lo que falta es construir un camino competitivo hacia la legalidad.
Al proponer una carga sectorial de hasta 23%, sumada a obligaciones retroactivas y costos de regularización, Chile puede transformar el impuesto en una barrera para su propia regulación.
La decisión del Senado no será solamente cobrar más o cobrar menos. Será crear un mercado legal capaz de atraer a los jugadores o dejar que los sitios ilegales sigan ofreciendo la alternativa más competitiva.
