Análisis sobre el Futuro de la Industria en Chile: Una Conversación con Luís Portela de Carvalho de Lektou Law Firm
A medida que Chile avanza en la tramitación del proyecto de ley para regular las plataformas de apuestas en línea, surgen preguntas clave sobre los beneficios para los apostadores, la transparencia del mercado y la protección del deporte.
Para analizar en profundidad estas cuestiones, conversamos con Luís Portela de Carvalho, socio del bufete internacional de abogados Lektou, quien comparte su experiencia en mercados a nivel global y ofrece una perspectiva sobre las mejores prácticas que Chile podría adoptar para construir un marco regulatorio sólido, competitivo y responsable.
El proyecto de ley para regular las plataformas de apuestas en línea está avanzando en Chile. ¿Qué beneficios trae este tipo de regulación a los apostadores?
La regulación transforma fundamentalmente el panorama de las apuestas en Chile al incorporar a los operadores a un marco formal donde deben responder ante las autoridades locales.
Esto significa que los apostadores finalmente tendrán un recurso cuando surjan disputas, en lugar de tratar con operadores anónimos en el extranjero que simplemente pueden desaparecer de la noche a la mañana.
El requisito de que los operadores mantengan reservas de liquidez y separen los fondos de los clientes garantiza que las ganancias realmente se paguen, abordando una de las mayores preocupaciones que los jugadores han enfrentado con las plataformas no reguladas.
Más allá de la seguridad financiera, la regulación introduce sofisticados mecanismos de protección al jugador.
La implementación obligatoria de sistemas de autoexclusión y el monitoreo en tiempo real de los patrones de apuestas crean redes de seguridad que simplemente no existen en el entorno no regulado actual.
Cuando el comportamiento de apuesta de alguien cambie drásticamente respecto a sus patrones establecidos, el sistema intervendrá con alertas y períodos de “enfriamiento” (cooling-off).
Esto representa un cambio fundamental con respecto a la situación actual, donde las personas vulnerables pueden caer en una espiral sin ninguna intervención.
El establecimiento de la verificación biométrica y controles de identidad robustos también protege tanto a los jugadores individuales como a la integridad del mercado mismo.
Estas medidas previenen el juego en menores de edad, reducen el fraude y aseguran que aquellos que no deberían estar apostando se mantengan fuera del sistema.
La regulación busca identificar el origen de los fondos utilizados para las apuestas. ¿Qué países podría mirar Chile como referencia para asegurar la transparencia del mercado?
Chile debería examinar el enfoque integral del Reino Unido, donde la Comisión de Juego (Gambling Commission) ha establecido algunos de los protocolos contra el lavado de dinero más robustos del mundo.
Su sistema exige que los operadores realicen una diligencia debida reforzada para transacciones de alto valor y mantiene un monitoreo en tiempo real de patrones sospechosos.
Portugal ofrece otro punto de referencia valioso a través de su marco RJO (Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online), que exige procedimientos de verificación estrictos y reportes regulares a las unidades de inteligencia financiera.
Su sistema ha logrado equilibrar una supervisión exhaustiva con la eficiencia operativa.
El sistema Sigap, recientemente lanzado en Brasil, representa la vanguardia de la tecnología regulatoria, con una transmisión de datos en tiempo real que permite a las autoridades monitorear el comportamiento tanto del operador como del jugador de forma instantánea.
Este nivel de integración tecnológica permite cruzar referencias con registros fiscales y otras bases de datos financieras.
Al observar estos modelos, Chile debería centrarse en crear un sistema que combine requisitos de verificación robustos con tecnología inteligente que no genere una fricción excesiva para los jugadores legítimos.
La clave es encontrar el equilibrio entre una supervisión exhaustiva y el mantenimiento de una experiencia de usuario que mantenga a los jugadores dentro del entorno regulado.
El gobierno propone un período de “enfriamiento” (cooling-off) de 12 meses para las marcas que operaron en Chile antes de la regulación. Según su experiencia trabajando con mercados internacionales, ¿ha visto una medida similar aplicada en otros países? ¿Qué ventajas y desventajas podría tener una medida así?
El período de enfriamiento de doce meses representa una decisión regulatoria significativa que ha sido probada en diversas formas a nivel internacional.
Este enfoque ha demostrado ser exitoso para establecer límites claros entre el pasado ilegal y el futuro regulado.
La principal ventaja de tal medida es que nivela el campo de juego de inmediato. Los operadores que han estado adquiriendo clientes ilegalmente no pueden simplemente transferir esas ganancias mal habidas al mercado regulado.
Esto crea un poderoso incentivo para que los operadores cesen sus actividades ilegales de inmediato y demuestra que el marco regulatorio tiene fuerza.
Sin embargo, las desventajas son igualmente significativas. Un período de enfriamiento reduce el número de operadores disponibles en el lanzamiento del mercado, lo que podría limitar la competencia y la elección del consumidor.
Paradójicamente, esto puede empujar parte de la actividad hacia la clandestinidad. Además, retrasa la recaudación de ingresos fiscales que podrían fluir a las arcas públicas de inmediato.
El éxito de una medida de este tipo depende en última instancia de las capacidades de fiscalización y la dinámica del mercado.
La clave es asegurar que el período sea lo suficientemente largo para ser significativo, pero no tanto como para socavar el desarrollo del mercado.
Los juegos de números, la lotería nacional, el bingo y las apuestas hípicas solo podrán ser operados por entidades oficiales. Con la regulación de los sitios de apuestas en línea, ¿cree que esto podría afectar la libre competencia?*
*Entidades oficiales: Polla Chilena, loterías nacionales e hipódromos nacionales.
La reserva de ciertas verticales de juego para entidades oficiales crea lo que es esencialmente un modelo de mercado híbrido, lo cual no es infrecuente a nivel internacional. S
Si bien esto limita la libre competencia pura, existen justificaciones legítimas de política pública para mantener cierto nivel de control estatal.
Las loterías nacionales y juegos similares tradicionalmente generan proporciones significativamente más altas de ingresos para el beneficio público en comparación con los operadores comerciales.
Cuando estos juegos se abren a la competencia total, la tendencia es que los costos de marketing aumenten drásticamente, mientras que las contribuciones a buenas causas disminuyen proporcionalmente.
Sin embargo, mantener monopolios en ciertas áreas mientras se abren otras a la competencia puede crear distorsiones en el mercado.
Las barreras artificiales entre productos pueden empujar la actividad hacia operadores no regulados que ofrecen de todo, o crear confusión sobre lo que está permitido y lo que no.
La tendencia internacional ha sido hacia una liberalización gradual con condiciones estrictas.
Muchas jurisdicciones han avanzado hacia sistemas donde los operadores comerciales pueden participar en áreas tradicionalmente restringidas, pero deben cumplir con los mismos niveles de contribución al beneficio público que los operadores estatales.
A veces, los operadores de apuestas en línea se convierten en los principales patrocinadores de clubes, atletas o federaciones. ¿Qué factores debería incluir la ley de apuestas para apoyar el desarrollo del deporte en Chile?
La relación entre los operadores de apuestas y los deportes requiere una calibración cuidadosa para maximizar los beneficios mientras se protege la integridad.
La ley debería establecer marcos claros que vayan más allá de las simples contribuciones financieras para crear verdaderas alianzas para el desarrollo deportivo.
La estabilidad financiera debe ser la base. Se debería exigir a los operadores que proporcionen compromisos plurianuales con pagos mínimos garantizados, protegiendo a las organizaciones deportivas.
Estos acuerdos deberían incluir disposiciones específicas para el desarrollo de bases, asegurando que el dinero del patrocinio apoye toda la pirámide deportiva.
La protección de la integridad es igualmente crucial. La ley debería exigir que los operadores que patrocinan deportes contribuyan a los sistemas de monitoreo de la integridad y compartan datos de apuestas que puedan ayudar a identificar patrones sospechosos.
Deben prohibirse los conflictos de intereses claros.
El marco también debería reconocer que el patrocinio es una relación bidireccional.
Este valor de marketing debe ir acompañado de responsabilidades, incluida la obligatoriedad de mensajes de juego responsable en una parte significativa de todas las actividades promocionales.
La visibilidad que conlleva el patrocinio deportivo debe aprovecharse para promover prácticas de juego más seguras.
En su experiencia, ¿qué elementos debe incluir una política nacional de juego responsable para ser efectiva?
*Se llamará “Política Nacional de Apuestas Responsables”.
Una política de juego responsable efectiva debe ser integral.
La base debería ser sistemas obligatorios de pre-compromiso donde los jugadores establezcan sus propios límites antes de comenzar a jugar.
Estos límites deberían cubrir depósitos, pérdidas y tiempo dedicado al juego.
La política debe incluir un sistema de autoexclusión unificado que funcione en todos los operadores con una sola solicitud.
Cuando alguien reconoce que tiene un problema, las barreras burocráticas no deberían interponerse en su camino.
Las capacidades de monitoreo e intervención en tiempo real son esenciales. La tecnología moderna permite a los operadores identificar patrones problemáticos a medida que se desarrollan.
Cuando el comportamiento de alguien muestra signos de daño, el sistema debería intervenir.
La verificación de la capacidad de gasto representa uno de los elementos más desafiantes pero importantes.
La política necesita mecanismos para identificar cuándo alguien está jugando más allá de sus medios.
Finalmente, la política debe incluir mecanismos de financiamiento sostenibles para la investigación, la educación y el tratamiento.
Esto no debe verse como un impuesto, sino como una inversión en la sostenibilidad de la industria.
Por último, desde una perspectiva de política pública y competitividad, ¿qué recomendaciones haría para que la regulación fomente la inversión responsable y la generación de datos públicos que permitan medir el impacto social y económico del sector?
Desde una perspectiva de política pública, el principio clave debería ser que la regulación debe ser pragmática y basada en evidencia, en lugar de ser impulsada ideológicamente.
Los enfoques demasiado restrictivos simplemente empujan la actividad a la clandestinidad, donde no existen protecciones para el consumidor.
El objetivo debería ser crear un entorno regulatorio que capture la gran mayoría de la actividad de juego dentro de un marco de protecciones adecuadas.
Soy un firme creyente en los mecanismos de autoinforme (self-reporting) de los operadores como piedra angular de una regulación eficaz.
Este enfoque esencialmente hace que los operadores trabajen para las autoridades públicas, convirtiéndolos en socios en la supervisión del mercado.
Esto significa reconocer que la publicidad de los operadores con licencia en realidad cumple una función de protección pública.
Cuando los jugadores ven publicidad de operadores regulados, se les dirige hacia empresas que deben cumplir con estándares de protección al consumidor.
La transparencia de los datos es crucial para la formulación de políticas basadas en evidencia.
Se debería exigir a los operadores que proporcionen datos anonimizados completos sobre el comportamiento de los jugadores, indicadores de juego problemático y la efectividad de las intervenciones.
La estructura fiscal debe ser lo suficientemente competitiva como para garantizar una alta canalización y al mismo tiempo generar ingresos públicos significativos.
Si la carga fiscal es demasiado alta, los operadores no podrán competir con las alternativas ilegales.
La medida final del éxito no debería ser cuán restrictivas son las regulaciones, sino cuán eficazmente canalizan la actividad de juego hacia un entorno regulado donde los jugadores están protegidos, se mantiene la integridad y se generan beneficios públicos.
Luis Portela de Carvalho
Luis Portela de Carvalho es socio de la firma de abogados Lektou desde 2024, donde centra su práctica principalmente en el sector de Juegos de Azar y Apuestas.
Su autoridad en el campo está respaldada por su membresía en la International Masters of Gambling Law y en el Colegio de Abogados de Portugal, además de su rol como docente invitado en la Universidad Católica Portuguesa, consolidando su perfil como un experto en la materia.
