"El gobierno no ha mostrado real voluntad de regular" - Entrevista a Carlos Baeza de la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea
En un momento decisivo para la industria del juego en línea en Chile, el segundo semestre de 2025 ha estado marcada por intensos debates legislativos que definirán el futuro de las plataformas de apuestas.
Mientras el gobierno impulsa su agenda, los operadores celebran una victoria clave en el Congreso que frena, por ahora, el bloqueo total de la actividad.
Para analizar este escenario, Apuesta Legal Chile conversa en exclusiva con Carlos Baeza, abogado y representante de la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea.
Con una mirada crítica y profunda, Baeza desglosa los recientes acontecimientos, desde el rechazo a la modificación del Código Penal por la prohibición absoluta del juego en línea, hasta la propuesta de una carga tributaria del 37,6%, una de las más altas de la región.
Preguntas con base en el contexto clave que está atravesando el país en la última semana de agosto 2025.
La regulación de las plataformas de apuestas en línea en Chile ha tenido bastantes desafíos. Hasta ahora, ¿cuál cree que ha sido la mayor victoria para los operadores?
Desde el punto de vista regulatorio sin duda la mayor victoria es el rechazo que, hace un par de semanas, la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados hizo de la propuesta de modificación del Código Penal y la prohibición absoluta del juego en línea impulsada por el gobierno, en el Proyecto de Ley de Inteligencia Económica.
Este es un proyecto que tiene como objetivo establecer un subsistema de trabajo coordinado entre el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero para, entre otras cosas, terminar con los casinos presenciales clandestinos.
En esta ley el gobierno incluyó una propuesta de modificación del Código Penal en la cual establecía una prohibición absoluta del juego en línea.
Esta es una situación absolutamente inexplicable precisamente porque el mismo gobierno es quien tramita desde el Ministerio de Hacienda, ese y el de regulación de la industria.
Esto confirma que el actual gobierno no ha mostrado una verdadera voluntad de regular.
Por el contrario, ha impulsado de manera forzada un proyecto de ley —originalmente preparado y presentado al Congreso durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera—, incorporándole cambios que resultan negativos para el país.
Más que regular la industria, la intención ha sido prohibirla y, en los hechos, entregar el mercado en exclusiva a una empresa estatal como la Polla Chilena de Beneficencia.
Perú y Brasil consolidaron recientemente su legislación en materia de las apuestas online. ¿Qué elementos considera que Chile podría tomar como referente?
Hay muchos elementos, el primero de ellos es la carga tributaria. En ambos casos la carga tributaria, es decir, el impuesto específico al juego, se fijó en 12%, sin IVA.
El proyecto de regulación que se tramita en el Congreso chileno establece una carga tributaria del 37,6% debido, precisamente, a la modificación que este gobierno hizo incorporando IVA a esa carga tributaria.
Un referente importante es la visión que ha adoptado el regulador peruano frente a la industria. Ha comprendido que la mejor manera de aumentar la recaudación fiscal, proteger a un mayor número de usuarios y combatir el juego ilegal que opera fuera del mercado regulado, es a través de una alianza público-privada.
En otras palabras, un trabajo conjunto entre el regulador y los regulados, y no en oposición a ellos.
El interés por el juego responsable está creciendo en la región. ¿Cree que el actual Proyecto de Ley contiene los elementos suficientes para proteger a los niños, niñas y adolescentes?
El proyecto de ley de regulación, presentado al Congreso por el expresidente Piñera, establece un estándar inédito en Chile respecto de juego responsable a través del establecimiento de lo que se denomina la Política Nacional de Apuestas Responsables.
Esta situación contrasta drásticamente con el estándar actual respecto de juego responsable en el cual, por ejemplo, no hay limitación alguna para que un niño pueda adquirir boletos de lotería y juegos de números en cualquier caja de supermercado, o la situación de la Ley de Casinos, que a pesar de ser una ley relativamente reciente (2005) no contiene ni una sola norma sobre juego responsable, ni siquiera menciona la palabra.
Sin duda, este proyecto de ley pone el foco en la protección de niños, niñas y adolescentes, teniendo al juego responsable como piedra angular. Contiene los elementos y herramientas necesarios para garantizar su debida protección.
De acuerdo con el Proyecto de Ley, sigue vigente la propuesta del cooling off. ¿Qué ventajas y desventajas podría tener esto para las marcas actuales y para aquellas que ingresen al país?
El denominado “cooling off” no es otra cosa que normas que bloquean a los actuales operadores de la posibilidad de operar en el denominado período transitorio y, adicionalmente, los castigan con la obligación de pagar impuestos retroactivos al momento de solicitar una licencia de operación.
Estas normas no solo carecen de sustento legal colisionando con muchos principios constitucionales que hacen, en la práctica, imposible su aprobación; como la igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria, la imposibilidad de presumir de derecho de responsabilidad penal y los principios de legalidad y tipicidad sancionatoria; sino que adicionalmente constituyen un contra sentido.
Estas normas atentan fuertemente contra el éxito del modelo regulatorio que Chile pretende implementar.
Según un reciente informe emitido por la consultora norteamericana Yield Sec sobre el mercado chileno, hoy el 88% del mercado lo ocupan 25 compañías internacionales, las cuales van a participar del proceso regulatorio.
Eso significa que el mercado chileno es hoy un mercado en equilibrio, canalizado en un 88%. El gran desafío de la regulación es mantener este porcentaje de canalización, no atentar contra él.
Los objetivos de cualquier regulación exitosa es conseguir al menos un 85% de canalización del mercado y hoy Chile ya la tiene.
Atacar a los operadores que hoy canalizan el 88% del mercado carece de todo sentido práctico, no tienen sustento normativo y retrasa la recaudación, hoy extremadamente necesaria debido a la difícil situación fiscal del país.
Si tuviera la posibilidad de modificar la carga tributaria a la que se verán enfrentados los operadores, ¿qué modificaciones le haría a la actual propuesta y por qué?
Este es un tema respecto del cual hay mucha información y experiencia internacional.
Toda la data señala de manera categórica que la carga tributaria es inversamente proporcional con la tasa de canalización; por lo tanto, a menor carga tributaria mayor es la recaudación fiscal y mayor la cantidad de usuarios protegidos.
La cuestión es determinar cuál es una carga tributaria adecuada.
Siguiendo lo que en teoría económica se denomina la “Curva de Laffer”, es necesario establecer cuál es el punto óptimo que maximiza la recaudación fiscal.
Si se sobrepasa este punto, el efecto empieza a ser negativo. Mayores tasas impositivas no garantizan una mayor recaudación. En el año 2016, una consultora Danesa denominada “Copenhagen Economics” emitió un informe para el gobierno Sueco en que se estableció que la carga tributaria ideal para esta industria va entre el 15 y el 20%.
Ese informe sigue estando plenamente vigente hoy y cuenta con un amplio respaldo. Por otra parte, hay un informe preparado por Deloitte que nos dice que la carga tributaria promedio en el mundo es de 22%.
En ese sentido, claramente, si tuviéramos la posibilidad de modificar la carga tributaria, deberíamos llevarla a esos valores, una carga tributaria no superior al 20%. De hecho, el proyecto original presentado al Congreso chileno por el expresidente Piñera, consideraba una carga tributaria del 23%.
Fue el actual gobierno el que la modificó, agregándole IVA, dejándola al 37,6%.
De hecho, el IVA es absolutamente excepcional en esta industria y solo la aplican algunos países como Francia, con los resultados que todos conocemos con una tasa de canalización inferior al 50%.
Lo mismo está ocurriendo en Colombia, en donde una norma administrativa no solo agregó IVA para al año 2025, sino que determinó, muy equivocadamente a nuestro juicio, su aplicación sobre los depósitos de los jugadores.
Esta situación está generando, por lo que entendemos, una baja muy importante en los resultados de las empresas y en la recaudación fiscal hasta la fecha. Los resultados finales de este negativo impacto solo se conocerán a fines de este año.
Respecto de la carga tributaria que establece el proyecto de regulación en Chile lo obvio y lo inmediato es eliminar el IVA.
La regulación de las plataformas de apuestas en línea busca darle transparencia al mercado. ¿Cuáles serían los principales beneficios para los apostadores?
Los apostadores son, sin duda, los principales beneficiados con una regulación adecuada.
Esta les otorgará un marco de protección legal que abarca aspectos clave como el juego responsable, la defensa de los derechos de los consumidores, la protección de datos personales, la prevención del lavado de activos y la protección de menores.
Eso sin considerar el que toda la normativa incluida en la regulación garantiza a los jugadores un juego justo a través del cumplimiento de estándares técnicos y las certificaciones de los sitios y los juegos incluidos en ellos.
Además de todas las normas que tendrán por objeto resguardar la fe pública y la estabilidad y responsabilidad financiera de los operadores.
A nivel global, son comunes los patrocinios deportivos. ¿Existe algún caso de éxito en la relación entre los operadores y las federaciones, que Chile pueda tomar como ejemplo?
Más allá de los ejemplos que pudieran usarse como referencia en otras regulaciones, el proyecto presentado al Congreso mantiene un vínculo directo con el deporte, estableciendo un impuesto con una tasa del 2%, que va directamente a las Federaciones deportivas y al Comité Olímpico y Paraolímpico de Chile.
Esto genera un vínculo permanente de beneficio al deporte, mucho más allá de las situaciones esporádicas de patrocinios y auspicios.
Este vínculo está establecido por ley y sin duda constituirá una fuente muy importante de recursos que permitirá una fuente de financiamiento permanente para el deporte chileno.
Carlos Baeza
Abogado y representante de la Agrupación Chilena de Plataformas de Apuestas en Línea. Con experiencia en derecho corporativo, regulatorio, fusiones y adquisiciones, litigios y resolución de conflictos, seguros, juegos y apuestas. Cuenta con estudios en la Universidad Gabriela Mistral, College of Petroleum and Energy Studies y University of Dundee, Scotland.
